sábado, diciembre 30, 2006

NUEVA NORMATIVA DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS

Resguardar los derechos de los niños y facilitar la tramitación oportuna de las demandas judiciales, son algunos de los objetivos que la intendenta de Tarapacá Patricia Pérez Zamorano, destacó de la recientemente promulgada Ley sobre Abandono de Familias y Pago de Pensiones de Alimentos.

“Esta nueva normativa es un gran avance para toda la sociedad, porque el las demandas de pensión de alimentos para los hijos es un problema que afecta al 50% de la población y es transversal a todas las clases sociales del país”, señaló.

Según expuso la máxima autoridad regional, “pude sonar obvio que el padre y la madre son igualmente responsables por sus hijos, sin embargo esto es algo que no se cumple muy a menudo y se espera que, en la mayoría de los casos, la nueva legislación lo pueda resolver, porque es prioritario resguardar los derechos de niñas y niños”.

Además, de facilitar la tramitación oportuna de las demandas judiciales, la intendenta indicó que la nueva ley afianzará el compromiso con la protección de los más vulnerables.

En tanto, manifestó que en líneas generales la nueva ley dispone la agilización de los procesos y busca evitar que los padres eludan sus responsabilidades. “ES así como se amplía las sanciones para quienes no paguen la pensión alimenticia, autorizando al juez para suspender la licencia de conducir y también para retener la devolución del impuesto a la renta”.

A la vez, las niñas-madres y adolescentes embarazadas podrán demandar alimentos personalmente, sin necesidad de actuar a través de un representante legal; obliga a fijar el monto de los alimentos provisorios en la primera actuación judicial y establece como delito el ocultamiento de ingresos y la presentación de antecedentes falsos en los juicios.

Agregó la intendenta que también serán sancionados quienes colaboren con el ocultamiento del demandado, con el fin de impedir su notificación o el cumplimiento de sus obligaciones de padre. Permite al Tribunal ordenar el arresto del demandado moroso en cualquier lugar en que se encuentre y, de ser necesario, ordenar el ingreso a su domicilio para lograr su captura.

El bienestar de los hijos e hijas es responsabilidad de los padres. Si ellos la rehuyen, es deber de la sociedad garantizar su cumplimiento a través de la leyes, evitando que quienes eluden sus responsabilidades lo sigan haciendo”, puntualizó Patricia Pérez, quien añadió que con estas medidas “se reafirma una convicción muy profunda, y es que un Chile que protege a quien lo necesita supera las exclusiones”.

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