Reclusión nocturna en propia carpa y a donde vaya su tribu.Una inédita sentencia consiguió la Defensoría Penal Pública de Tarapacá para una gitana condenada por un robo con sorpresa: deberá cumplir reclusión nocturna por 541 días en su propia carpa y con derecho a trasladarse a cualquier punto del país a donde vaya su grupo. Ella, que es madre de 3 hijos, uno de ellos de sólo 10 meses, agradeció el criterio del juez y el apoyo de sus defensores, prometiendo cumplir con esta modalidad que le permite seguir atendiendo a sus pequeños.
“Esto es reconocer la realidad de un pueblo, por lo tanto hay una justicia de mejor calidad y de iguales en la diferencia”, destacó el Defensor Regional Arturo Zegarra al evaluar los resultados obtenidos por el equipo de profesionales de esa zona que tuvo a cargo el caso. La presentación al Tribunal de Garantía la hizo el abogado institucional Sergio Vilca, sobre la base de un informe de la asistente social Milenka Marchant.
“Ellos pudieron representar de manera contundente y clara la línea de trabajo intercultural que esta región sigue desde el año 2003, oportunidad en que logramos instalar a una profesional especialista en el tema como Facilitadora Intercultural. Y es que esta zona tiene la permanencia ancestral de
La inédita decisión la tomó el Juez de Garantía de Arica, Gonzalo Díaz González, y favorece a
El caso se complicó cuando Ana García no cumplió con asistir al Centro de Reinserción Social, por lo que la semana pasada se ordenó su detención, revocándosele el beneficio.
Aquí retomó la defensa Sergio Vilca Larrondo, solicitando la reinstauración del beneficio de reclusión nocturna, pero domiciliaria y en modalidad ambulatoria. “Nuestra representada respeta la decisión judicial, pero para ella el impacto de la cárcel es abrumador atendidas las características culturales del pueblo gitano, que es nómade, muy apegado a su familia y a los roles estrictos de ordenamiento y deberes sociales que se le asignan a la mujer. Además, ella tiene un hijo de 10 meses, sufre una profunda depresión y, por su condición de extrema pobreza permanente, lo que pueda hacer por obtener dinero es vital para la sobrevivencia de su familia”, explica el abogado Vilca.
En Alto Hospicio, en donde está actualmente la carpa de Ana García, ella, su esposo y otros miembros del clan estaban contentos por la decisión del juez. “Le doy muchas gracias por lo que hizo por mí, porque mis hijos no pueden pasar sin el amor mío y yo no quería perder el amor de ellos. Yo no le iba a dar el calor mío a esta guagua que es un pollito”, dijo Ana García apretando el menor de ellos de sólo 10 meses.
Su esposo, Jorge California, explicó que “nosotros los gitanos queremos que ella cumpla lo que dijo la justicia, pero ir a la cárcel, para nosotros que somos iguales a las golondrinas sería morirnos no más”. El jefe de la familia agradeció también la comprensión del Juez de Garantía y el apoyo de la Defensoría “porque consiguieron que respetaran nuestra cultura y nosotros respetamos lo que diga la justicia”.
Con más desplante Johanna y Esmeralda, integrantes del clan acampado a una cuadra de la Comisaría de Carabineros de Alto Hospicio, expresaron a la prensa su alegría que Ana García pudiera cumplir su pena en su propia carpa. “Ella, primero, tiene que cuidar a su hijo, su campamento, salir a trabajar, a sacar la suerte para conseguir el pan”, dijo Johanna, mientras que Esmeralda explicó que “me matarían si estar encerrada, ni dios lo quiera, me moriría al tiro”.
INTERCULTURALIDAD
La argumentación de la Defensoría Penal Pública de Tarapacá se apoyó en política regional de interculturalidad que desarrollan desde el año 2003, la cual hasta ahora había considerado fundamentalmente a los imputados de origen aymara. Desde ese año, por iniciativa del Defensor Regional, Arturo Zegarra, antiguo personero de la Comisión de Derechos Humanos, quien actualmente trabaja en su tesis de Magíster en el tema de la Justicia Intercultural, se contrató como Facilitadora Intercultural a una profesional aymara, nativa-hablante, y se ha capacitado a otros profesionales en la misma línea de trabajo.
La acción de Inés Flores Huanca, natural de la comuna altiplánica de General Lagos, y de título profesional Intermediadora Cultural, permite presentar a los tribunales argumentación que toma en cuenta las diferencias culturales de los imputados aborígenes o pertenecientes a otras minorías. Fundamental ha sido su capacidad de comunicarse con quienes tienen como lengua materna el aymara, para quienes los esquemas mentales propios de la occidentalidad son difíciles de captar.
En esta orientación trabajan también el abogado Sergio Vilca Larrondo y la asistente social Milenka Marchant, quienes intervinieron en el caso de la gitana Ana García. También han actuado en otros casos con imputados provenientes de localidades aisladas del altiplano chileno o, incluso, en el de extranjeros de etnias minoritarias de Perú, Ecuador o Bolivia.
La gitana favorecida por este criterio fue condenada por un robo por sorpresa y había sido condenada a reclusión nocturna en un recinto de Gendarmería, pero no cumplió por sufrir una grave depresión y por las exigencias culturales a su rol de madre (tiene 3 hijos, uno de 8 meses) y a su condición de extrema pobreza.
Respecto a este caso del pueblo rom (gitano), Inés Flores destaca: "Una de las características de su sistema de equilibrio es que no hay cárceles. Uno de sus preceptos es nunca encerrar a los individuos; la mayor pena que imponen es el destierro:a quien comete un delito se le excluye del territorio, del grupo y se le ignora como gitano."
“Hay una justicia de mejor calidad”.
El Defensor Regional, Arturo Zegarra Williamson, subraya que son muchos los casos en que la consideración cultural ha permitido aclarar circunstancias y hacer justicia a personas habitualmente perjudicadas por prejuicios culturales y económicos (extrema pobreza) y de género. Para él lo ocurrido ahora en el Tribunal de Garantía de Arica “no es producto del azar, sino que del empeño, preparación y de la política institucional que considera la existencia de una variedad de culturas entre la población chilena”.
¿Cómo se desarrolla este caso?
“Es caso es que una tribu gitana estaba en Arica y una mujer cometió un delito de robo con sorpresa. Ella fue defendida por un Defensor Penal Público y el tribunal le puso una pena menor restrictiva de libertad que debía cumplir en un arresto domiciliario. En este caso, el domicilio de un gitano es su carpa y por tanto debía cumplirla allí.
En ese minuto no se tomó en consideración que el pueblo gitano podía cambiar de lugar. Y, efectivamente, esta tribu se fue de Arica, pasando esta persona a no cumplir
La mujer se encontraba en otra localidad y tomó contacto con la defensoría a través de nuestra facilitadora intercultural que trabajó con ella. Así nos pudimos enterar de su real situación. Esto fue expresado al tribunal que acogió esta forma de vida distinta para incorporarla dentro de la sentencia.
Entonces la sanción se modifica, se mantiene su permanencia en la carpa, pero donde esta se encuentre, dando aviso a la comisaría respectiva de donde va estar ubicada su carpa.”
¿Cómo se gesta el resultado?
“Este caso en particular pudo tener un resultado que, del punto de vista de ser iguales ante la ley, se logra en tanto también se reconozcan ciertas diferencias que existen, y desde luego que el pueblo gitano tiene diferencias en sus formas, como ser nómades.”
¿Qué significa para usted esta condena?
“Es reconocer la realidad de un pueblo, por lo tanto hay una justicia de mejor calidad y de iguales en la diferencia.”
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