Por: Elías Paillan C.
Enmarcado en el Convenio 169 de la OIT el encuentro
tuvo como objetivo analizar experiencias comparadas internacionales de
aplicación del Convenio 169, así como definir lineamientos estratégicos de cara
al próximo Congreso de Pueblos Indígenas y Encuentro con el Parlamento chileno,
a desarrollarse los días 4 y 5 de octubre en el Congreso Nacional en
Valparaíso.
Con invitados nacionales e internacionales y una
importante asistencia de dirigentes de la provincia de Arauco, se desarrolló
este viernes recién pasado en el Museo Mapuche de la ciudad de Cañete, en la
Región del Biobio, el Seminario Internacional “Desafíos de la Institucionalidad
Indígena en Chile”, organizado y convocado por el Labquenmapu Ngulan Lonko
(Consejo de Lonkos de la Provincia de Arauco).
Entre otros objetivos, el encuentro buscaba analizar
los alcances del Convenio 169 de la OIT y su implementación en Chile, para lo
cual se contó con las exposiciones de diversos especialistas, como el abogado
Sergio Fuenzalida, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),
quien explicó diversos aspectos relativos a la participación y la consulta de
acuerdo al Convenio. Posteriormente
continuó la intervención de Mylene Valenzuela, directora de la Clínica Jurídica
de la Universidad Central, quien abordó el tema de los mecanismos de
participación indígena de acuerdo al citado convenio.
Otra invitada fue Valeria Pakarati, del pueblo
Rapanui, quien en conversación exclusiva con el Observatorio Ciudadano destacó
la relevancia de este evento como instancia de participación y de socialización
de las luchas de los pueblos indígenas, especialmente en demandas históricas,
como al autogobierno. Este seminario
permite “ayudar a los distintos pueblos hermanos en cuanto a la decisión de su
autogobierno, a la libre determinación y de la gobernabilidad en terreno y en
su totalidad. También respecto
a la restitución del territorio, de la lengua originaria, restitución de la
identidad y el respeto que se nos adeuda hace tantos años”, señaló.
En cuanto a la forma en que les ha ayudado el Convenio
169 para hacer valer sus derechos en la isla, Pakarati explicó que con él “se
vislumbró una ventana de un pequeño cambio y al pasar el tiempo nos dimos
cuenta que igual seguían imponiendo exactamente lo mismo. Pero esta vez si teníamos un arma en nuestras manos,
que era el Convenio, y que cuando quisimos reclamar más insistentemente fuimos
militarizados, nos quisieron acallar, sin tomar en cuenta si éramos pacíficos
(…), ahora tenemos cómo y nacimos de nuevo”, culmina Pakarati.
La experiencia de la consulta previa en Colombia
Erika Castro, abogada especialista en derecho
ambiental de la Universidad de Medellín, en Colombia fue una de las invitadas
internacionales a la actividad, quien contó que en su país -que en su
Constitución se define con como un estado pluriétnico y cultural-, el
reconocimiento a las comunidades indígenas y sus derechos, en particular a la
participación, tiene mucha importancia, especialmente respecto a la consulta
previa, ya que debido a ello se han empoderado de sus derechos”, aclaró.
Explicó además “que si hay una reforma a la
constitución colombiana (que afecte la vida de los pueblos indígenas), al no
ser consultada, entonces es declarada inasequible, es decir, inconstitucional
por la Corte Constitucional y ésta le exige al estado colombiano que este tipo
de reformas constitucionales sean primero aprobadas en consentimiento, libre,
previo e informado a las comunidades indígenas”, agregó. Castro también
relató que en ese país existe una circunscripción electoral especial indígena,
con un representante en la cámara y dos representantes en el senado, y que
“justamente en una sentencia este año, se le reconoció totalmente la autonomía
a las comunidades indígenas, sobre el cómo deben ellos escoger a sus
representantes”, puntualizó.
Finalmente, destacó que en este momento el gobierno
colombiano tiene 32 proyectos de ley suspendidos, porque no han hecho la
consulta previa respectiva. “Esto
ha sido un mecanismo que ha funcionado”, añadiendo luego que lo anterior, sin
embargo, no tendría relevancia sin la Corte Constitucional. “Hay que recordar que este país tiene una población
indígena de alrededor de un millón, cercana a las 350 mil personas, cuyo 70 por
ciento está afectado por el conflicto de la FARC”, advirtió.
De cara al gran encuentro en el Congreso este 4 y 5.
Por la tarde, y más internamente, se debatieron los
lineamientos estratégicos en torno a lo que será la participación del
territorio en el Congreso de Pueblos Indígenas que se inicia este próximo
martes 4 de octubre, y al diálogo que tendrá lugar con el poder legislativo el
miércoles 5, en el Congreso Nacional en Valparaíso. Uno de los coordinadores es este Encuentro de Líderes
Indígenas, Juan Valeria Kilapan, explicó a los asistentes las características e
importancia de estos cruciales eventos.
Por su parte, el presidente de la Corporación
Nahuelbuta y de la Mesa Territorial Mapuche Cayucupil, Héctor Baeza Huilipan,
aclaró respecto a estos encuentros de este 4 y 5 de octubre, que es importante
“tener en claro la política indígena, como se va a trabajar en adelante, porque
sabemos que hay cosas que no están avanzando conforme a la ley indígena y al
Convenio 169. Esto no se está cumpliendo a
cabalidad, por eso nos estamos uniendo y tomando fuerza para trabajar juntos,
en una sola voz y una sola palabra, para lograr lo que nosotros queremos”,
concluyó.
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